La actualidad hoy continúa marcada por la situación que se vive en Bolivia, donde la dimisión del presidente Carlos Mesa lejos de contribuir a solucionar el entuerto se ha convertido en una tragedia que tiene visos de ser griega si sus sucesores, los presidentes del Senado y el Congreso, no hacen tres cuartas partes de lo mismo: dimitir para que sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, quien, tal y como estipula la constitución boliviana, convoque elecciones anticipadas, que es lo que las masas de indígenas y trabajadores descontentos que campan a sus anchas por el país exigen.

No nos encontramos, a diferencia de lo que últimamente ha sucedido por otros lares, ante una más de esas "revoluciones" pacíficas a las que los juntaletras añadimos cosas como "revolución naranja" (véase el ejemplo ucraniano reciente), "revolución de los tulipanes silvestres" o "revolución del círculo democrático" y lindezas parecidas. No, en esta ocasión la situación es mucho más grave. Lo que hay en juego es la posesión de las enormes y envidiables riquezas naturales de Bolivia, hasta la fecha en manos de las grandes multinacionales estadounidenses y españolas, y las justas reivindicaciones indígenas de que dichas riquezas sean nacionalizadas y, por tanto, explotadas por y para el pueblo boliviano, el mismo pueblo que aguarda desde hace siglos unas condiciones aceptables y dignas, una vida que nunca llega. De ahí la claridad de las declaraciones efectuadas por uno de los dirigentes de la revuelta, que no dejan lugar a dudas sobre la pelea por la dignidad que gran parte de Bolivia afronta en este momento.

Resumiendo: los ingredientes para lo que algunos denominan preludio de una guerra civil están ahí, es cuestión de saber si hay algún barman irresponsable interesado en mezclarlos, elaborar el cóctel y dárselo a beber al pueblo boliviano, mientras Estados Unidos, España y Hugo Chávez, entre otros, aguardan, sin perder de vista sus intereses pero olvidando sin rubor alguno sus responsabilidades y sus culpas.